Tras la contundente movilización realizada por los estudiantes secundarios hace un año, el Gobierno preparó una rigurosa estrategia para prevenir la irrupción de una nueva embestida social de los pingüinos. Todo indica que no le resultará fácil lograr sus propósitos.
Nadie desconoce el impacto de la movilización convocada en mayo del 2006 por la Asamblea de Estudiantes Secundarios. Provocó la primera “crisis política” de envergadura que enfrentó el Gobierno de Michelle Bachelet. Y puso en jaque, en el ámbito del sistema de educación, la sustentabilidad del modelo neoliberal, que con tanta pasión han preservado las Administraciones de la Concertación, con la colaboración del conjunto del establishment.
Los expertos en ingeniería política de Palacio elucubraron entonces un completo plan para prevenir la reemergencia de un escenario similar, que en las últimas semanas se ha puesto en marcha con una brutal consistencia. La fórmula no es novedosa: combina el intento de quitar legitimidad al movimiento y la represión en su contra.
El único problema para el éxito de esta estrategia es que no se hace cargo de la legitimidad del contenido mismo de las demandas que han sido planteadas por los estudiantes. “Queremos dignidad, nos que nos eduquen para seguir siendo pobres. Estamos cansados de que nos sigan robando (...) Exigimos que nuestros colegios vuelvan a manos del Estado y garantizar la equidad que nunca hemos tenido”, señaló Zainab Ebrahimi, presidenta del Centro de Alumnos del Liceo 7 de Niñas de Santiago.
LA ESTRATEGIA DE PALACIO
Los aspectos más visibles del diseño del Gobierno fueron la resolución de las demandas más inmediatas (la denominada “agenda corta”) y la constitución del Consejo Asesor Presidencial de Educación, a partir de cuya labor se presentaron este año proyectos como la Ley General de Educación (LGE), en reemplazo de la LOCE.
De este modo se creaba la imagen (ilusoria) de que las demandas planteadas por el movimiento estudiantil secundario habían sido resueltas y que, por lo tanto, ya no existía justificación para su movilización, como si el sistema educacional hubiera experimentado transformaciones significativas en este período (lo que, obviamente, no ha ocurrido) y como si las iniciativas legales propuestas por el Ejecutivo recogieran la totalidad de la demanda estudiantil (lo que no es efectivo en aspectos clave, tales como la municipalización de la enseñanza y la Jornada Escolar Completa).
Esa imagen ilusoria, en el cálculo del Gobierno, quitaría legitimidad en el plano de la opinión pública a una posible movilización estudiantil. “La movilización no tiene justificación”, sería el obvio mensaje.
Los aspectos más turbios de aquella estrategia tenían dos vectores. El primero, erosionar la fortaleza organizacional del movimiento estudiantil, a través de la cooptación de liderazgos y la introducción de “cuñas internas” (por la oposición de la estructura de la Región Metropolitana con las otras Regiones, o el conflicto entre los jóvenes partidarios de intensificar la movilización social versus los más proclives al “diálogo” y la negociación).
El mensaje también sería inequívoco: “El movimiento estudiantil está dividido. Ya no tiene la fortaleza y la mística de hace un año”. En el marco del desgaste de la capacidad movilizadora, a raíz de las maniobras ya señaladas, se introduciría otro mensaje: “La movilización tiene una convocatoria más reducida en relación a la ocurrida en mayo del 2006. Es empujada sólo por un grupo minoritario”.
Por cierto, la estrategia no tendría viabilidad sin un permanente refuerzo de los medios de comunicación del establishment, preocupados –más que por la buena salud del Gobierno– por los posibles efectos que la lucha de los pingüinos puede provocar sobre la estabilidad del modelo con el cual están comprometidos, por el camino de mostrar la fecundidad del camino de la movilización. Como señaló “La Tercera” en su Editorial del pasado 7 de junio, el problema es que se instale “en algunos sectores la idea de que medidas de fuerza (…) pueden ser útiles para satisfacer demandas sociales”…
Los mensajes, claro, también son ilusorios. Primero, porque parte significativa de las fracturas del movimiento estudiantil, base de su eventual menor fortaleza en el plano de organización y movilización, han sido inducidas por la iniciativa del propio oficialismo… En segundo lugar, porque coyunturas como la ocurrida en mayo del año pasado, el nivel de unidad del movimiento y la envergadura de su movilización, son más bien excepcionales.
En rigor, las controversias internas son propias de todo movimiento social, y el movimiento estudiantil secundario no es ajeno a esa característica. No es, por lo tanto, un indicador válido para medir su legitimidad. Asimismo, cada una de sus movilizaciones debe ser evaluada según sus propios méritos y el hecho que cada una de ellas no tenga la misma envergadura que la mayor que han realizado con antelación no significa que esas acciones carezcan de consistencia.
El país pudo conocer esta estrategia en octubre del año pasado, cuando ocurrió el último intento de los estudiantes por desencadenar movilizaciones. En una concertada respuesta, todas las autoridades manifestaron que las protestas “ya no tienen justificación” y que eran impulsadas por un “grupo minoritario”.
El segundo vector es aún más turbio. Es la represión.
Este aspecto del diseño fue la expresión de una drástica resolución política, que –conforme al brillante análisis de los estrategas palaciegos– identifica la causa del descenso de la adhesión ciudadana al Gobierno en el marco de la “revolución pingüina” a la “imagen de incapacidad del Ejecutivo por mantener el control del orden público”.
Además, la represión era un componente clave del éxito de la estrategia, pues se retroalimentaba con el propósito de erosionar la fortaleza del movimiento, pues lo que pretendía era ciertamente introducir la variable del temor, como sustento para la desmovilización de amplios sectores de los estudiantes.
El “ensayo general” también pudo observarse en octubre del 2006. Frente a las tomas de liceos, se dispuso el inmediato desalojo policial, en recordados casos como los Liceos Lastarria de Providencia y Nº 1 de Niñas de Santiago. Después, se instruyeron medidas administrativas, expresadas en matrículas condicionales y expulsiones.
Habría que agregar un hecho muy importante, que pasó más desapercibido por la opinión pública: a finales del pasado año escolar o en los inicios del actual, se procedió a sancionar con cancelaciones de matrícula a innumerables jóvenes, a los que se destacaron en el liderazgo de la “revolución pingüina”… Pudieron continuar sus estudios en otros establecimientos, en los que carecían de historia y trayectoria dirigencial. De esta forma, se golpeaba a la organización estudiantil en sus propias bases.
EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA
En la actual coyuntura, la operacionalización del “diseño estratégico” ha podido ser apreciada en toda su magnitud, luego del reinicio de la movilización, a partir de la primera ocupación del Liceo Manuel Barros Borgoño.
Por la mañana del miércoles 6 de junio, el Instituto Nacional apareció tomado por un grupo identificado con la Asamblea Nacional de Estudiantes Secundarios (ANES). El Centro de Alumnos del establecimiento se había retirado hace unas semanas de la organización, con otros “liceos emblemáticos”, para formar una nueva entidad denominada “Asamblea General de Estudiantes Secundarios”.
Ya en la primera hora de la toma, los medios de comunicación del establishment habían instalado la idea que la ocupación era protagonizada por “un grupo de estudiantes descolgados de la decisión que adoptaron los propios institutanos al votar en contra de la movilización” (sic).
La aseveración fue recogida por “La Tercera” en su Editorial del día siguiente, el que señaló que la toma del Instituto Nacional impidió a “la gran mayoría de los estudiantes asistir normalmente al establecimiento”. Más aún, indicó que “una de las principales características que dieron fuerza a la protesta estudiantil del año pasado fue la unidad y la responsabilidad del movimiento”, cosa que no se apreciaría ahora. En el caso del Instituto Nacional, enfatizó, “la participación de un grupo de estudiantes que adhieren a la Asamblea Nacional de Estudiantes Secundarios de la que se retiró el establecimiento con otros liceos emblemáticos da cuenta del evidente quiebre que hay en el movimiento”. Y citaba las primeras declaraciones del presidente del Centro de Alumnos de ese colegio criticando la movilización.
Luego, sentenciaba que “los desalojos son una medida correcta y necesaria, que busca dejar clara la ilegitimidad de la acción de grupos minoritarios”.
Si esta situación no fuera tan seria, invitaría a reír a gritos. Porque apenas once páginas después, el mismo diario consignó, en la información sobre la situación, que “pasadas las nueve de la mañana se abrieron las puertas del colegio para hacer una reunión de consejos de curso. Algunos profesores incluso alcanzaron a trasladarse a sus salas para iniciar las clases, cuando la asamblea determinó, mediante votación a mano alzada, volver a tomarse el establecimiento. ‘El liceo decidió seguir en toma por un consenso de todos los alumnos presentes’, dijo el presidente del Centro de Alumnos, Víctor Díaz”.
En efecto, el presidente del Centro de Alumnos, Víctor Díaz, había explicado que en una consulta a los estudiantes realizada el día anterior, 1.518 se pronunciaron a favor de la toma y 1.740 la rechazaron. Y que aún faltaba recoger la opinión de 15 cursos, equivalentes a unos 600 votos, para tomar una decisión. Por aquella razón, la toma fue depuesta y luego la asamblea decidió reanudarla, ahora con el respaldo de todos los estudiantes. Por otro lado, Díaz precisó que la decisión de todos los jóvenes era movilizarse: la controversia era respecto de las formas.
Pasadas las 13:30 horas, Carabineros procedió al desalojo del establecimiento, resultando más de 200 adolescentes detenidos, los que fueron trasladados a la Tercera Comisaría de Carabineros.
El camino del desalojo es el mismo que se ha adoptado respecto de otras tomas que se han producido en el curso de los últimos días. Ese mismo día fue el turno del Liceo de Aplicación, en el que 400 estudiantes habían iniciado la toma, tras una decisión mayoritaria de los estudiantes en una asamblea interna.
Los policías rodearon el edificio, con cascos y escudos, sortearon la bloqueada puerta principal e ingresaron hasta el patio en donde se encontraron con los estudiantes sentados en sus pupitres, cantando el himno del establecimiento y con los brazos arriba.
La tendencia a reprimir las tomas se generalizó, no impidiendo la proliferación de tomas y retomas (después de los desalojos) en los Liceos Barros Borgoño; A 7 Teresa Prat de Sarratea; Confederación Suiza; Cervantes, A 4 Isaura Dinator de Guzmán; A 14 Libertador José de San Martín; A 24 Comercial Gabriel González Videla; Amunátegui; República de Brasil, A 48 Juana de Ibarbourou (Macul), Juan Antonio Ríos de Quinta Normal, A 73 Santiago Bueras de Maipú y A 70 de Estación Central.
La toma del Liceo Benjamín Vicuña Mackenna de La Florida también terminó con un desalojo. Pero tuvo un ingrediente adicional: la líder del movimiento estudiantil, María Jesús Sanhueza, fue expulsada junto a otros dos alumnos. La medida fue adoptada por el alcalde Pablo Zalaquett, quien además presentó una querella contra quienes resulten responsables de los millonarios daños.
En cuanto a la actuación de María Jesús, señaló que ella “cree que el mundo gira en torno a ella. Se cree una pequeña reina, alguien le tiene que poner los puntos sobre las íes”…
Según denunciaron los estudiantes, los excesos represivos han sido la tónica. En una declaración que se entregó a la prensa el pasado 8 de junio señalaron:
“Liceo Anexo Benjamín Vicuña Mackenna: A nuestras compañeras, el lunes 4 de Junio durante su detención (por 16 horas), fueron obligadas a desvestirse y amenazadas con ser entregadas a los presos comunes para que fueran abusadas sexualmente.
“Liceo Santiago Bueras de Maipú: Tras la entrega pacífica del establecimiento, fueron detenidos y maltratados física y psicológicamente por Fuerzas Especiales de Carabineros. También ocurrió en otros establecimientos como el Instituto Nacional y el Liceo A 70, entre otros.
“Liceo 4 de niñas: Aproximadamente 20 compañeras fueron desalojadas el 7 de junio por más de un centenar de fuerzas especiales. A pesar que no ofrecieron resistencia en la detención, fueron brutalmente golpeadas. A una compañera le quebraron un dedo de la mano, otra terminó con graves hematomas en la espalda y el resto con diversas lecciones en el cuerpo.
“Un compañero del Liceo 14 en un el desalojo resultó con el 15 por ciento de su cuerpo quemado con ácido tras el violento ingreso de carabineros (Cristopher Rodríguez Muñoz). Los compañeros habían decidido desalojar pacíficamente”.
Los dirigentes también se refirieron a “la expulsión y cancelación de matrículas de muchos compañeros, sumadas a las constantes amenazas de expulsión que reciben” los estudiantes “que aún no se movilizan”.
Al clima de represión se sumaron las insinuaciones oficiales de que la entrada en vigencia de la nueva Ley de Responsabilidad Juvenil, permitiría la aplicación de más drásticas sanciones a los estudiantes secundarios en movilización.
VOCES DE LA EMBESTIDA
Mientras tanto, la ministra de Educación, Yasna Provoste declaraba que “hoy no existe ninguna razón objetiva para que los estudiantes no estén en sus salas de clases aprovechando al máximo desplegar todas sus capacidades y sus talentos”. Insistiendo en la estrategia de quitar legitimidad al movimiento, indicó que “se trata del actuar de unos pocos; tenemos un diálogo permanente con los alumnos y sus dirigentes, porque conocen las instituciones democráticas y con ellos nos entendemos”, afirmó.
Agregó: “Por los pasos que hemos dado en el Gobierno, de acoger las demandas estudiantiles, no estamos en la misma situación del 2006”.
Sobre el descrito episodio en el Instituto Nacional, no tuvo empacho en sumarse a la tendencia a tergiversar la realidad: “Entraron veinte encapuchados, los que se descolgaron de su organización y actuaron al margen de la democracia que tenemos en el país”. Consultada por la expulsión de María Jesús Sanhueza, se limitó a decir que “cada establecimiento tiene sus reglamentos internos y somos respetuosos de aquello”, por lo que “vamos a apoyar las medidas disciplinarias que, en el marco de sus reglamentos internos, tome cada establecimiento”.
La prensa del establishment, en tanto, colaboraba en la tarea. “El Mercurio” del 2 de junio, cuando informó de la primera toma del Liceo Barros Borgoño, indicó que “secundarios muestran baja cohesión” y habló de la “debilitada Asamblea Nacional de Estudiantes Secundarios”.
“A un año de que las protestas por la calidad de la educación remecieran al país, los estudiantes ya no muestran la cohesión que tuvieron entonces. Luego del quiebre de hace un mes de la asamblea, donde se marginaron los escolares de regiones y de los liceos emblemáticos de Santiago, la organización aún no elige a sus nuevos representantes”, apuntó.
Luego, el 5 de junio, el mismo matutino –ahora refiriéndose a los desalojos en los liceos Confederación Suiza y Anexo Benjamín Vicuña Mackenna– indicó que los “dirigentes están preocupados por el hecho de que el movimiento secundario aún no prenda”. Añadió que “los alumnos no parecen tener claridad en torno a sus demandas”. Y subrayó que “al contrario de lo que anunciaron dirigentes de los estudiantes, ningún otro colegio optó por sumarse a las acciones”.
“El Mercurio” del 7 de junio, frente a la multiplicación de las tomas, señaló en un epígrafe que “secundarios ya no actúan en bloque, y autoridad desaloja sus tomas rápidamente”. En una confusa nota, consignaba: “Aunque la asamblea de estudiantes secundarios está debilitada, los alumnos ahora exigen sus demandas de manera casi individual, dentro de sus colegios. ¿Cuáles son sus objetivos? La desmunicipalización de la educación, gratuidad de la tarifa escolar y el rechazo a la ley penal juvenil. Los dirigentes admiten que ya no se comunican con los miembros de la asamblea (que aún no elige a sus delegados luego de la salida de colegios emblemáticos y de regiones), sino que se organizan con los centros de alumnos de otros liceos”.
Al día siguiente, el diario de Agustín Edwards debió reconocer que “secundarios amanecieron con 12 establecimientos tomados”, pasando su línea informativa a la directa criminalización de las ocupaciones y la legitimación de los desalojos.
Omitiendo toda referencia a posible violencia policial, indicó que “violenta, muy violentamente terminaron anoche los desalojos de colegios y liceos en Santiago. El saldo, hasta el cierre de esta edición, dejaba un estudiante y seis carabineros quemados con ácido. Además de otro uniformado con contusiones. Los hechos más fuertes se registraron pasadas las 20 horas, cuando un grupo de Fuerzas Especiales de la policía uniformada llegó hasta el Liceo 14 José de San Martín en el centro de la capital. Según informó la propia policía, una vez que llegaron los efectivos, algunos estudiantes, quienes estaban en pisos superiores, les lanzaron piedras y otros objetos. El ataque se intensificó cuando los jóvenes utilizaron elementos químicos (cloro y ácido) para agredir”.
En esta oportunidad, resultó quemado el joven Cristopher Rodríguez, quien fue trasladado hasta la Posta Central, lugar al que arribaron, también, sus padres y la ministra de Educación, Yasna Provoste.
“No esperamos que ningún joven tenga que sufrir lo que hoy sufre Cristopher. Por eso, quiero hacer un enérgico llamado a sus padres, un enérgico llamado a los establecimientos. Nada justifica que veamos escenas dolorosas como las que vemos. El mejor camino para alcanzar los acuerdos es a través del diálogo y no a través de situaciones horrorosas”, sentenció la ministra.
El diario detalló: “Con un fuerte plan ‘antitomas’ –y a horas de que comenzara a regir la ley de responsabilidad penal juvenil que eventualmente cambiará la forma de juzgar a los mayores de 14 años–, las Direcciones de Educación de los municipios y Carabineros desmontaron rápidamente las tomas”.
El 9 de junio, la interpretación de “El Mercurio” sobre la sucesión de las tomas y las retomas era la siguiente: “Esta seguidilla de tomas y rápidos desalojos han debilitado la acción del movimiento estudiantil, el que durante esta semana ha intentado generar infructuosamente la adhesión que tuvo durante el año pasado y revivir la revolución pingüina. Los líderes del movimiento no han logrado coordinar su petitorio en torno a demandas en común. Mientras dirigentes de ‘los liceos en toma’, como se han denominado, ya que la Asamblea Nacional de Estudiantes Secundarios está quebrada y todavía no tiene representantes, exigen estatización de la educación, tarifa escolar gratuita y rechazo a la ley de responsabilidad penal juvenil, otros se desvinculan de las demandas sociales (…) Pese a la poca cohesión, los líderes anunciaron una movilización nacional para el próximo martes”.
El diario también consignaba declaraciones de la ministra Provoste, que expresó que “un buen dirigente sabe cuándo el conflicto se le ha escapado de las manos”, en relación a lo ocurrido en el Liceo A 14.
A la secretaria de Estado no le preocupaba las denuncias del padre del joven que fue quemado, que sindicó a carabineros como los responsables del hecho: “Ellos actuaron con una extrema violencia, les pegaron a todos y provocaron que esto sucediera”. Denunció que su hijo tenía lesiones en las piernas, glúteos y cabeza, y una fractura en la nariz, y anunció una demanda contra la institución policial.
La agitada semana terminó con las palabras del ministro del Interior, Belisario Velasco, fustigando a la líder de los estudiantes: “María Jesús, la adolescente de nombre santo y violencia impía, está cometiendo un error”…
LO QUE VIENE
Entre el 11 y 13 de junio, las tomas y retomas continuaron produciéndose, en los Liceos de Aplicación, Instituto Nacional, Amunátegui, 7 de Niñas de Santiago, Barros Borgoño y Confederación Suiza. Además, el Internado Nacional Barros Arana (INBA) y el Liceo Darío Salas, otros dos establecimientos emblemáticos se sumaron a la movilización. También hubo nuevos desalojos y detenciones.
“La movilización de los estudiantes en estos días es artificiosa y negativa, no tiene sentido”, se lamentó el ministro del Interior, Belisario Velasco.
Por cierto, ninguna de esas aseveraciones oficiales tiene correlato en la realidad. ¿O acaso resulta verosímil sostener que es irrelevante que en poco menos de dos semanas hayan sido tomados y retomados 16 liceos de la Región Metropolitana, con un saldo de centenares de adolescentes detenidos? Se sostiene que se trata de acciones respaldadas por “grupos minoritarios”, pero estas ocupaciones han sido resueltas por la mayoría de los estudiantes de los establecimientos y ello no ha sido obstáculo para que se dispongan desalojos policiales.
Por otro lado, y es lo más relevante, la autoridad ha eludido sistemáticamente enfrentar el debate respecto de las demandas levantadas por los jóvenes. ¿O no es efectivo que la administración municipal de los establecimientos ha resultado en un colosal fracaso? En coherencia con el diseño de segregación social espacial que aplicó la dictadura, ¿no ha sido la municipalización uno de los fundamentos de la inequidad en el sistema educacional?
¿Acaso no son consistentes las críticas de los estudiantes en el sentido de que la mayor inyección de recursos a la educación no resolverá los problemas, pues el déficit de los municipios absorberá un porcentaje significativo de los fondos?
Mientras se sucedían las ocupaciones de liceos, el subdirector de la División General de Educación, Jaime Veas, indicó que no se encuentra en la agenda del Gobierno la idea de reconcentrar los establecimientos municipales en torno al Estado, sino “fortalecer y perfeccionar la descentralización”. El funcionario formuló esas declaraciones en un encuentro de las Corporaciones Municipales de Educación efectuado en Santiago, al que asistieron delegados desde Iquique a Punta Arenas.
Los estudiantes convocaron a un Paro a realizarse el 14 de junio, aplazado dos días para permitir la incorporación de las regiones. El presidente del Centro de Alumnos del Liceo de Aplicación, Roberto Rojas, explicó que “los acuerdos están fluyendo y las regiones se están comunicando con nosotros desde que estamos movilizándonos”. Puntualizó que “las regiones nunca se bajaron de la Asamblea Nacional de Estudiantes, como se afirmó”, y subrayó que la organización “está volviendo a tener la fuerza del año pasado”.
Respecto a la Asamblea General de Estudiantes, dijo que “se están comunicando con nosotros”. Precisó: “Todos somos estudiantes, todos estamos conscientes de los problemas de la educación y nos unen las demandas”.
A su juicio, todo acto de paralización es positivo, ya sea salir a las calles, tomarse colegios, hacer jornadas de reflexión o sólo dejar de escribir. La idea, señaló, es que el Gobierno deje de sostener que son “una minoría ideologizada”, que “ya no sabe por qué protestar”.
A la convocatoria se han ido sumando establecimientos que, hasta ahora, no han participado en la movilización de este año, tanto aquellos “emblemáticos” como los Liceos Lastarria y Carmela Carvajal, como los pertenecientes a las comunas periféricas de Santiago. Por otro lado, también existe una disposición favorable en quienes se habían retirado de la ANES, como el Instituto Nacional.
El presidente de su Centro de Alumnos, Víctor Díaz, manifestó al respecto que “más allá de las desuniones, lo más importante es demostrar que el movimiento secundario se mantiene en pie y por eso es que tanto la ANES como la AGES van a revivir el movimiento. Es un paro nacional, puede ser en los colegios o salir a las calles”, señala convencido… Así, el fantasma de un movimiento estudiantil secundario fracturado comienza lentamente a alejarse.
Por la víspera, el ministro Belisario Velasco, se refirió a la irreductible decisión de continuar en movimiento. Dijo que el papel de los estudiantes era “estudiar”. Con cierto tono amenazante advirtió que el Gobierno respaldará la aplicación de sanciones en contra de los adolescentes alzados, “incluyendo las expulsiones” de los liceos.
Habrá que ver si la estrategia del oficialismo termina imponiéndose, relegando a los jóvenes nuevamente a la calidad de “actores secundarios” y amagando por lo tanto la decisión de los estudiantes de superar la “educación de mercado”. Sin duda, sería un escenario que conduciría a perpetuar el país grisáceo y estéril que se impuso con los inicios de la transición pactada, en cuya génesis se localiza, también, la clave de la pervivencia por más de 17 años del modelo de educación que refundó el régimen militar.
Habrá que ver si la capacidad de esos jóvenes de soñar y luchar por materializar sus sueños, resulta aún más poderosa que las turbias maniobras palaciegas. Por ellos pasa, en gran medida, la viabilidad de construir un país más vivible.
Víctor Osorio El autor es periodista y director periodístico de “Crónica Digital”. Además, fue uno de los “Actores Secundarios” de los años 80, como uno de los fundadores del Comité Pro FESES
Santiago de Chile, 14 de junio 2007
Crónica Digital
